La prejubilación cifrada en más de medio millón de euros para el leonés Francisco Fernández de Caja España, entidad de la que fue vicepresidente, continúa levantando polémica. Ayer se levantaron en armas contra esta excesiva indemnización tanto los partidos, como los sindicatos y empresarios. Han sido muchos los que durante las últimas horas han mostrado su indignación ante la noticia, entre ellos, la consejera de la Caja y que compartió, además, su vicepresidencia con Fernández, Isabel Carrasco, que solicitó al órgano regulador, al Banco de España, que «intervenga en este asunto». Dicho esto, la presidenta provincial del PP de León señaló que la entidad financiera «tiene que explicar a todos los ciudadanos» por qué ha aprobado una cuantía que «sonroja» y que habrá que determinar «si es legal» dada la condición de Fernández de «excedencia especial» en sus funciones.
Del mismo modo, indicó que también deberá comprobarse si Fernández puede escudarse en un ERE «que en su día se cerró con un corte en un ciudadano, que se mandó al Ecyl» y que puso fin entonces a las prejubilaciones de la Caja. Por este motivo, consideró que su indemnización es un «apaño» y recordó que mañana jueves se celebrará un Consejo en Caja España y Duero que confió que sirva «para pedir explicaciones», aunque reconoció que «otro caso será que las den», ya que este asunto tiene «más trasfondo del que se puede esperar», advirtió.
«Privilegios»
Además, para Carrasco esta elevada jubilación «parte de la situación privilegiada» que en su día proporcionó a Fernández el ex director adjunto de Caja España, Javier Ajenjo quien, según dijo, «también se blindó una buena jubilación». En este sentido, recordó que «en su día» votó en contra del sueldo de jubilación tanto de Ajenjo como del que fuera director general de la entidad, José Ignacio Lagartos, que aseguró que «bastante daño han hecho ya a todos los ciudadanos». Por su parte, el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el PP de León, Alfredo Prada, exigió una «explicación pública» sobre este asunto a José Antonio Alonso, número uno socialista a la Cámara Baja. Así, pidió «que sea transparente y claro» en un tema que afecta a su número dos en la lista.
«Transparencia» fue también la principal petición de IU de León, que dudó de «la legalidad» de la cuantía que percibirá Fernández y destacó el hecho de que será «la primera vez» que una prejubilación «se abona de una sola vez». Además, subrayó que «la polémica creada alrededor de una cifra tan escandalosa para una Caja desmantelada» les recuerda que «muchas cosas han pasado en Caja España y que el caso de la CAM y la política de rapiña de sus directivos no es exclusivo». La Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas y Afines también se sumó a las reacciones por la prejubilación de Fernández tachándola de «inmoralidad» y asegurando que constituye un «claro trato de favor» por parte de Caja España.
Más cauto se mostró el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien apuntó ayer que el Ejecutivo regional ha requerido a Caja España información sobre los pormenores de la prejubilación de Fernández como trabajador de la entidad. Y es que, aunque reconoció que se trata de una relación «jurídico privada interna» entre ambas partes, Herrera aseguró que el «alboroto y escándalo público» suscitado por la cuantiosa indemnización que percibirá el ex alcalde como empleado, pero siendo también miembro del Consejo de Administración, ha llevado a la Junta a requerir los «aspectos específicos y concretos» de esa relación y, si en esa información que se obtenga «hay alguna responsabilidad la denunciaremos al Banco de España o a la instancia que sea oportuna».
Por su parte, el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Javier Cepedano, abogó por reducir las «diferencias sociales» en las cantidades que reciben unos y otros trabajadores inmersos en Expedientes de Regulación de Empleo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario